Políticas regionales y locales no funcionan ante delincuencia en el Norte Chico.
|ETCÉTERA.PE|:
Un reciente reportaje de un medio nacional puso sobre el tapete la
cruda realidad que atraviesa esta parte del país denominada norte chico,
donde las organizaciones criminales reinan sin que nada ni nadie pueda
hacerle frente.
El
reportaje expone los casos de tres autoridades en la provincia de
Huaura que han sido víctimas de extorsión, mediante la modalidad de
llamadas telefónicas, granadas y mensajes de texto, sin embargo no son
los únicos, en Barranca las autoridades ediles de Barranca, Pativilca y
Supe también denunciaron en meses anteriores ser víctimas de llamadas
extorsionadoras y hoy hacen su agenda con un cuidado extremo cual
presidente del Perú.
El
robo a mano armada, sicariato y extorsión son el pan de cada día y tal
es la situación que el reportaje hecho por La República califica al
Norte Chico y en especial a Pativilca como tierra de sicarios, donde
avezados criminales, provenientes en su mayoría de ciudades del norte
del país (Chimbote, Trujillo, Chiclayo, etc), ofrecen sus "servicios" al
mejor postor.
Este
crecimiento de la delincuencia avanza sin que ninguna autoridad haya
podido establecer una política clara para poder extirpar esta lacra de
nuestras calles que en cada ataque cobra una vida por venganza y alcanza
muchas veces a inocentes.
Si
echamos un vistazo en los planes de gobiernos de las actuales
autoridades regionales y provinciales se encuentran esbozadas líneas
para hacer frente a la deli1ncuencia pero lamentablemente en la práctica
es letra muerta.
El
tan publicitado plan cuadrante seguro impulsado por el Gobernador
Regional Nelson Chui en Campaña, hasta ahora no se concreta y todo hace
indicar que se trató de la “gran estafa”, pues no hay ni una sola seña
de su ejecución y pese
a ser un tema latente el gobernador regional lo ha dejado de lado para
priorizar una campaña para la creación del Departamento La
Independencia, al que si le pone todo su esfuerzo y financiamiento.
Según
las cifras publicadas en lo que va del año, son una decena de muertes
por sicariato, la mayoría dirigentes o integrantes de sindicatos de
construcción civil, pero la comisaría local tiene registrado el doble de
vidas cegadas a causa de armas de fuego entre bandas delincuenciales o
ajustes de cuentas.
Parece que la decida o quizás inoperancia de las autoridades han hecho que en vez de ejecutar políticas claras en conjunto con
la PNP y las juntas vecinales, hagan marchas por la paz que a la luz de
los resultados no calan en lo mínimo y las muertes siguen
incrementándose.
Obviamente
esta responsabilidad no es únicamente del Gobierno Regional de Lima
sino también alcanza a las autoridades locales, en nuestro caso Barrana,
pese al presupuesto dejado por la gestión anterior de S/. 5 millones
700 mil soles, hasta la fecha no se ve resultados. ¿Hasta cuándo seremos
testigos de tantas muertes, cuando comenzaran a actuar las
autoridades?.
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